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Propuestas de patronal y sindicatos para la nueva FPE (Parte I)

Nueva FPEEl cuestionado impacto que ha tenido y tiene el actual subsistema de Formación Profesional para el Empleo en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores españoles, unido a los continuos casos de corrupción que han salpicado al mismo, han llevado al gobierno a coger el toro por los cuernos y dar una vuelta de tuerca al actual modelo que lleva en funcionamiento desde la aprobación del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.

Ya conocemos una serie de propuestas que han puesto sobre la mesa los interlocutores sociales (patronal y sindicatos) con algunas recomendaciones sobre las que debería asentarse el nuevo modelo. A continuación, recopilo algunos de los puntos más destacados:

 

  1. El principal protagonista del nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo deben ser las empresas y los trabajadores, entre otras razones, porque son las que financian el sistema mediante la cotización de la cuota de formación profesional – 1.778 millones de € previstos en 2014 – Por tanto, deberán ser las empresas las que decidan la formación a realizar en función de sus necesidades estratégicas, debiendo asumir su responsabilidad en la elección de la formación que necesitan y del centro formativo más apropiado y ello mediante un “crédito-formación”, similar al actual sistema de formación de demanda, que les retornaría el 100% de lo cotizado en el ejercicio anterior, habiéndose de garantizar un importe mínimo para las micropymes con menos de 6 trabajadores. Todos los gastos que se genere dentro del nuevo Sistema, tales como el importe mínimo garantizado a las pymes o los gastos de gestión en que incurran las entidades antes mencionadas, deberán ser financiados por los ingresos procedentes de la cuota de formación profesional, sin que sea necesaria aportación complementaria alguna por parte del Estado.
  2. Con los excedentes de los fondos que las empresas no se apliquen en cada ejercicio, se deberá constituir un fondo global de formación, al que habrá que dar un trato específico y concreto, que deberá ser gestionado por entidades bipartitas constituidas por los Interlocutores Sociales en el marco de la negociación colectiva o del dialogo social.
  3. Estas entidades bipartitas deberán ser las encargadas de la detección de las necesidades formativas sectoriales e intersectoriales – a nivel estatal o territorial -, y la definición de planes de formación. Los gastos de gestión asociados a dichas funciones tendrán que estar fijados reglamentariamente y deberán servir exclusivamente para cubrir los mismos.
  4. La formación que gestionen los Interlocutores Sociales deberá ser impartida por Centros de Formación, debidamente acreditados por la Administración, en colaboración con los Interlocutores Sociales. La Formación de las empresas deberá ser impartida por las propias empresas (ej.: formadores internos, medios propios, etc.) o por Centros de Formación.
  5. La formación de los Empleados Públicos que cotizan por FP estará integrada en el modelo y su financiación será decidida por los instrumentos propios del Sistema. La gestión se realizara a través de los acuerdos INAP-Organizaciones Sindicales. El instrumento Tripartito también seguirá y evaluará esta formación.
  6. con las aportaciones que realice el Estado y/o el Fondo Social Europeo, la Administración deberá financiar, al menos, la Formación de los Desempleados, de los Funcionarios Públicos (INAP), de Autónomos y de cualquier otro colectivo no cotizante. Las Administraciones Públicas tendrán en cuenta los centros públicos a la hora de establecer sus ofertas y en especial la de los certificados de profesionalidad. Esta formación también estará integrada en el Sistema a través del instrumento Tripartito.
  7. Será competencia de la Administración, en colaboración con los Interlocutores Sociales, realizar el seguimiento y control de la formación financiada con la cuota de formación profesional, tanto de su ejecución como de la evaluación de la calidad y medición de su impacto.

Perfil Fernando