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80 balas, arsenal por el empleo

El pasado 24 Junio 2014 se publicó el BOE 153 que recoge el Acuerdo Marco con Agencias de Colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas, donde se anuncian las 80 agencias reconocidas como tal para actuar en todo el territorio nacional. Ahora bien, vayamos por partes, qué debe caracterizar a una agencia de colocación:

 

  • Obtener una autorización administrativa única y válida para todo el territorio español.
  • Autorización concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal en el supuesto de que la Agencia pretenda realizar su actividad en diferentes Comunidades Autónomas o utilizando exclusivamente medios electrónicos, o por el equivalente de la Comunidad Autónoma en el que caso de que la Agencia pretenda actuar sólo en ese ámbito territorial. Es interesante conocer que en la concesión de la licencia, en su caso, regirá el silencio positivo.
  • A partir de la reforma laboral 2012 las ETT podrán seguir cediendo a empresas usuarias trabajadores por ellas contratados, tal y como venían haciendo hasta ahora, y actuar como agencias de colocación, ajustándose en este último aspecto a la normativa reguladora de esta materia y en todo caso garantizando a los trabajadores la gratuidad de los servicios prestados.

Ante todo nos queda claro que se trata de una actividad legislada y regulada en su funcionamiento para tranquilidad de sus clientes, que son los/as desempleados/as existentes en nuestro país (tasa paro 25,9%).

La entrada en juego “real” dentro del mercado laboral de este nuevo ente, las agencias de colocación, hace que el desempleado/a encuentre una nueva fórmula para salir del atolladero, aire fresco para oportunidades de trabajo. Será el desempleado/a quien deba conocer y acudir a esas agencias que funcionen en su territorio, y que no son las 80 publicadas, sino que cada Comunidad Autónoma acepta el funcionamiento de unas y/u otras, tras un acuerdo marco general de estado, ahora serán las comunidades las que terminen de marcar las directrices de funcionamiento de dichas agencias en sus territorios, exceptuando Andalucía, Cataluña y País Vasco, que funcionan de forma autónoma en cuestiones de Empleo.

¿Qué trae consigo esta medida?

  • Desconfianza de los desempleados/as hacia los Servicios Públicos de Empleo.
  • Dudas en la Calidad del trabajo ofertado.
  • Aumento de la brecha digital en algunos colectivos.

¿Por qué?

  • Las agencias recibirán una cuantía económica que oscila entre 300 euros, si se facilita la contratación de menores de 45 años con no más de 6 meses en desempleo, y los 3000 euros, si se facilita la contratación de mayores de 45 con más de 2 años en desempleo o mayores de 55 con más de 12 meses en desempleo.

¿Qué condiciones laborales se deberán dar en esos contratos?

  • Mínimo de 6 meses contratados/as a jornada completa, o 12 meses si se trata de jornada parcial o colectivo fijo-discontinuo.

Todo ello implica un gran esfuerzo por querer informar a los/as desempleados/as para facilitar realmente este nuevo mecanismo dentro del mercado laboral. Sería necesario advertir y aclarar algunos puntos:

  • Los servicios de empleo son los únicos organismos que registran a los/as ciudadanos/as en situación de desempleo real.
  • Es obligación del desempleado/a estar inscrito en el servicio público de empleo para el cobro de prestaciones y/o subsidios derivados de esta situación.
  • La demanda de empleo sigue siendo la llave de acceso a programas especiales encauzados a la empleabilidad, como el acceso a la Formación Profesional para el Empleo.
  • Las agencias complementan la labor de los servicios públicos de empleo en materia de intermediación.
  • Recalcar que tanto el servicio público de empleo como la agencia de colocación son servicios “gratuitos”, no pueden cobrar por los servicios prestados a los/as demandantes de empleo.

Contar con servicios públicos ha permitido incrementar el acceso a cualquier desempleado/a a los recursos de empleo en condiciones de igualdad, el hecho de que se privaticen algunas funciones, como es el caso de la intermediación, no debe restar la confianza en lo público, porque se trata de derechos y obligaciones conseguidas entre todos/as durante muchos años, como la educación y la sanidad.

Fuentes consultadas:

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

BOE 153, de 24 Junio 2014

Vídeo del programa: "Aquí hay trabajo"

www.ine.es

http://economia.elpais.com/economia/2014/06/27/actualidad/1403879065_609428.html

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Perfil Elena Gómez